A pesar de su estatus legal como área protegida, la reserva carece de implementación efectiva y control territorial, lo que facilita el avance de actividades que ponen en riesgo su biodiversidad. En las últimas semanas se denunció un nuevo desmonte en la estancia “La Yapa”, ubicada en el camino conocido como “de los portones”. Este episodio se suma a otros previamente registrados, como en la estancia San Juan del Puerto, donde alguna vez se proyectó la creación de un Parque Nacional, la categoría de conservación más alta en Argentina, que hasta el momento no se concretó por razones políticas.
Desde sectores ambientalistas advierten que la situación se agrava en un marco general de retroceso en políticas ambientales: se habilita la caza de especies autóctonas sin estudios poblacionales actualizados, se producen desmontes sin controles efectivos y hay una alarmante ausencia de funcionarios comprometidos en áreas clave de gestión.
“La presión social y visibilizar lo que pasa es la herramienta más fuerte que hoy tenemos para proteger nuestros recursos naturales”, señalan desde las agrupaciones locales que reclaman acciones urgentes para preservar el patrimonio ambiental de la provincia.
